El 9 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). La reforma entró en vigor al día siguiente y modifica de manera sustancial la forma en que se tramitan los juicios contencioso administrativos federales ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Para quien tiene un juicio activo, o para quien enfrenta con regularidad procedimientos ante autoridades federales, vale la pena detenerse en los puntos que tienen impacto directo.
El Tribunal tiene plazos más cortos
Uno de los cambios más concretos es que el TFJA queda obligado a resolver cualquier promoción en un plazo de cinco días, salvo que la ley disponga lo contrario. Esto aplica tanto en la vía tradicional como en el juicio en línea.
En la práctica, esto modifica el ritmo del procedimiento. Un juicio bien llevado siempre ha requerido seguimiento activo — con esta reforma, ese seguimiento tiene ahora una referencia temporal más corta de la que también puede valerse el promovente.
Presentar la demanda en la vía incorrecta ya no genera el desechamiento
Antes, un error en la elección de vía podía traducirse en el desechamiento de la demanda. Con la reforma a la LFPCA 2026, el Magistrado Instructor debe reconducir el juicio a la vía correcta y realizar las regularizaciones necesarias, siempre que no impliquen repetir promociones de las partes.
El acceso a la justicia se protege. Lo que no cambia es que una estrategia mal planteada desde el inicio sigue teniendo consecuencias — distintas al desechamiento, pero consecuencias al fin.
Incumplir una sentencia tiene ahora un costo más preciso
Las autoridades que no cumplan con lo resuelto por el Tribunal se exponen a multas de entre 300 y 1,000 veces la UMA, además de sanciones directas al servidor público responsable — entre 30 y 60 días de salario — y una posible indemnización por daños y perjuicios a cargo de la unidad administrativa correspondiente.
Para empresas que han obtenido sentencias favorables ante el TFJA y no han visto cumplimiento, esto abre un mecanismo con consecuencias más definidas que las que existían antes.
Probidad procesal con multa
El Tribunal puede imponer multas de entre 100 y 1,500 veces la UMA a quien interponga demandas, recursos o promociones notoriamente frívolas o improcedentes. Esto aplica a cualquiera de las partes.
El juicio en línea avanza
Las autoridades y terceros podrán comparecer y tramitar el juicio a través del Sistema de Justicia en Línea, con firma electrónica y documentos digitales. Esta disposición entra en vigor a los 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto. Es decir, hacia diciembre de 2026.
Una nota sobre los transitorios
No todo entra en vigor de inmediato. Las disposiciones relativas a plazos máximos para actuaciones del Tribunal, incluyendo el artículo 6o. Bis (plazo de 5 días), entran en vigor a los 240 días naturales siguientes a la publicación, lo que ubica su aplicación plena hacia febrero de 2027. Vale tenerlo presente al revisar el estado de los expedientes activos.
¿Qué implica esto para tu empresa o tu expediente?
Depende del momento procesal en que se encuentre cada asunto. Hay cambios que benefician directamente al promovente como: los plazos del Tribunal, la protección frente a errores de vía, y los mecanismos de cumplimiento.
Si tienes un procedimiento activo ante el TFJA o anticipas una controversia con alguna autoridad administrativa federal, este es buen momento para revisar la estrategia con quien conoce el expediente.
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